Aun con todas las limitaciones y sobresaltos de la época; el derecho a votar en Venezuela, surge en el siglo XIX bajo el gobierno de José Antonio Páez. Esa prerrogativa del ciudadano a dirimir sus diferencias a través del sufragio y, no por las armas o con invasiones militares foráneas, por primera vez aparece en la Constitución de 1830.

Así lo estableció en su Artículo 13: “Todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos, si están en el goce de los derechos de ciudadano, si tienen la aptitud necesaria, y concurren en ellos los demás requisitos que prescriben la Constitución y las Leyes”.

Votar siempre ha sido un objetivo en nuestras luchas políticas; y así se verá reflejado en la Constitución de 1857 en su artículo 11: “Todos los venezolanos que están en el goce de los derechos de ciudadano pueden elegir y ser elegidos para desempeñar los destinos públicos”.

En 1881 con Guzmán Blanco, se refuerza la institución del voto. La nueva Constitución, en su Título III. Artículo 14 señala: “La libertad de sufragio para las elecciones populares se ejercerá, sin más restricción que la de ser menor de dieciocho años”.

El derecho al voto quedará plasmado en la Constitución de 1947 en su Artículo 79: “La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio y por órgano de los Poderes Públicos. Nuestra soberanía reside en el ciudadano y solo ellos pueden dirimir nuestras diferencias de forma pacífica y democrática”.

La Constitución de 1961 viene a reforzar los derechos políticos del venezolano. En su artículo 113 señala: “La legislación electoral asegurará la libertad y el secreto del voto, y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías”.

Por último, en nuestra Constitución Nacional vigente, el Capítulo IV De los Derechos Políticos y del Referendo Popular, en su artículo 63 reivindica la institución del voto, cuando señala: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.

En Venezuela el derecho a votar y exigir que se respete la voluntad del soberano sigue siendo una meta a cumplir.

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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió este lunes a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” que protejan los derechos de los civiles y advirtió de que las investigaciones de la fiscalía “siguen en curso y están activas”.

En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.

La CPI desestimó en marzo el recurso de Caracas contra la reanudación de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la oficina del fiscal.

“La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, dijo Khan.

También habló sobre los recientes hechos tras las polémicas elecciones del pasado 28 de julio y la ola de detenciones desatada por la administración de Maduro.

Con información de EFE

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y los líderes opositores, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, rechazaron este miércoles la convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea Nacional chavista (AN), Jorge Rodríguez, a una reunión con los partidos políticos este jueves con el objetivo de reformar las leyes electorales.

A través de las redes sociales se compartió un comunicado donde aseguraron que «el diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es sólo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen, y sin un mediador imparcial que lo acompañe».

Asimismo, agregaron que «la revisión de las normas electorales no es el centro del problema, ya que el mismo radica en el cumplimiento y acatamiento de las mismas, comenzando por lo establecido en el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que señala que la soberanía residen en el pueblo y la ejerce a través del sufragio».

Además, señalaron que el proceso de negociación debe tener lugar en un marco debidamente acordado por las partes, con las condiciones que ofrezcan las garantías para todos los participantes.

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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ratificó su «absoluta lealtad y subordinación» a Nicolás Maduro luego de la convalidación de su victoria en las elecciones del 28 de julio por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según un mensaje publicado, en la red social Instagram, por el Comando Estratégico Operacional, la Fuerza Armada «acata, de manera absoluta y categórica», la decisión de la Sala Electoral del TSJ.

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre apegada a la Constitución y leyes de la República, acata de manera absoluta y categórica la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que declara con lugar el recurso contencioso relativo a los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de los corrientes, convalidando los resultados emitidos previamente por el Consejo Nacional Electoral», se lee en la publicación.

Asimismo, indica que todos los integrantes de la FANB ratifican su lealtad absoluta «al Comandante en Jefe Nicolás Maduro y rechazamos las continuas comunicaciones de llamados a la subversión, al odio y la desobediencia de los lacayos imperiales, quienes incumpliendo con nuestra Carta Magna, llaman a la alteración del orden interno de la patria. Manifestamos el fiel acatamiento a las instituciones legalmente constituidas», concluyen.

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José Brito, diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de Primero Justicia, defendió el veredicto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio, afirmando que con esta decisión se respeta la voluntad popular y la soberanía del voto.

Brito subrayó que quienes no acaten la sentencia se colocan al margen de la ley, enfatizando que ya no hay vuelta atrás y que tanto los venezolanos como la comunidad internacional deben aceptar la resolución del máximo tribunal del país.

Además, el excandidato presidencial abogó por una reforma de las leyes electorales, argumentando que no se debería permitir la participación en procesos electorales a aquellas organizaciones y dirigentes políticos que no reconocen los Poderes Públicos del Estado.

Según Brito, estos actores utilizan los procesos electorales para sabotear y desestabilizar, lo que demuestra que no les importa el bienestar del país.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, planteó una reforma de las leyes electorales para que «nunca más un extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela».

La afirmación la hizo durante la sesión de este martes 13 de agosto, en el debate sobre el ciberfascismo.

«Si algo atenta contra la libertad de expresión de manera inmediata es esa espiral del silencio y el cajón de resonancia» de las redes sociales, señaló Rodríguez.

Hizo un repaso de la manipulación a través del estímulo de los neurotransmisores en los humanos que se hace por medio de los llamados «likes» (me gusta), que abundan en las redes sociales.

Asimismo, Rodríguez también fustigó el informe del Centro Carter y de la misión de la ONU.

De la misión destacó que el informe primero lo publicarían privado, pero ahora anuncian que será público.

«Ahora vienen con la presión internacional. Nosotros somos cinta negra, quinto dan, en presión internacional. Vengan con la presión internacional para que los revolquemos», retó el presidente de la AN.

Con información de UN

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-Este martes, 6 de febrero, se aprobó en primera discusión, el Proyecto de Ley para el Trato Digno y el Reconocimiento de los Derechos de los Animales de Compañía, el cual busca establecer las normas necesarias para la protección de las mascotas.

La propuesta de ley fue expuesta ante la Asamblea Nacional (AN) y aprobada durante la misma por la diputada América Pérez (PSUV/Nueva Esparta), quien detalló que la ley será sometida a consulta pública nacional, con el objetivo de reforzar su contenido.

Entre los detalles que dio la diputada es que aquellas sanciones penales para quienes cometan actos de crueldad contra los animales de compañía dentro del territorio, serán reconocidos como maltrato animal, un delito penal. “Busquemos justicia para quienes no tienen voz”, exclamó.

Sin embargo, tendrá como otra función y objetivo, promover la convivencia responsable y respetuosa de los responsables de animales en las comunidades, así como fomentar la concienciación y capacitación a las familias, comunidades e instituciones sobre la atención y protección de los animales.

Esta ley también busca promover la creación del Sistema Nacional de Registro de Animales de Compañía, para consultar la protección y derechos de los animales con competencia en la materia.

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Redacción Web

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-Aunque la ley en cuestión ya había sido aprobada el pasado mes de noviembre por la Legislatura de Texas, este lunes, 6 de febrero, entró en vigencia. La ley antiinmigrante, o también conocida como ley SB4, actualizó las penas de los delitos relacionados con la migración. Esto es lo que se conoce de la nueva legislación por ahora:

Como era de esperarse, la ley SB4 convierte en delito menor la entrada de un foráneo que “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de manera ilegal o irregular.

La ley establece que se impondrá también una pena mínima obligatoria de 10 años a quienes sean acusados de tráfico de inmigrantes indocumentados. Si el delito es grave y de primer grado, la pena mínima de cárcel podrá ascender a los 15 años.

No obstante, la pena podría reducirse a 5 años de prisión, en el caso de que las personas transporten consigo a familiares cercanos (solo hasta el tercer grado de consanguinidad).

¿Qué persona puede ser arrestada?

La ley antiinmigrante permite detener, en territorio de Texas, a personas que hallan entrado sin documentos a Estados Unidos. Para ello, los oficiales deberán tener una evidencia o causa probable de la entrada ilegal, incluso haber visto el ingreso en video.

Cabe resaltar que, los arrestos no podrán ser en lugres como: Escuelas públicas o privadas, iglesias, sinagogas y otros lugares religiosos, hospitales o centros de atención sanitaria. Incluso, los oficiales tendrán la opción de realizar el arrestro con discreción y sin proceso judicial.

Aunque los inmigrantes que sean aprehendidos por esta causa, podrán optar por aceptar la orden de un juez estatal para abandonar el país, serán redirigidos a puertos de entrad con México, aunque estas personas sean o no, mexicanas.

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