El miércoles 28 de agosto se conoció la noticia de que los colombianos Alexander Ante y José Aron Medina Aranda los detuvieron en Venezuela y enviados Rusia, acusados de mercenarios que combatieron al lado de las fuerzas de Ucrania, por lo que los podrían condenar a 15 años de prisión.
Para expertos consultados por ‘The New York Times‘ (NYT), este caso representa desafíos legales y diplomáticos, en tanto el «derecho internacional es ambiguo sobre la legalidad de que extranjeros como Medina y Ante se unan a una guerra lejana», y podría afectar las relaciones entre Venezuela y Colombia en momentos en que el presidente Gustavo Petro se ha ofrecido como mediador entre la oposición del vecino país y Nicolás Maduro, proclamado ganador de las elecciones del 28 de julio sobre las que hay dudas de su transparencia.
Convenios de Ginebra
Los Convenios de Ginebra, que definen las normas que se deben cumplir durante las guerras, consideran a los mercenarios como combatientes ilegales, de modo que el caso de los colombianos Ante y Medina Aranda se ajusta a esa definición porque ambos «están motivados principalmente por el dinero y no tienen vínculos con las naciones combatientes», explica el NYT, que añade que «la legislación rusa prohíbe explícitamente los mercenarios».
Pero el asunto no es tan simple: «Como los combatientes extranjeros en Ucrania resultan miembros de las fuerzas armadas regulares y reciben pagos y beneficios similares a los de los ciudadanos ucranianos, el gobierno ucraniano ha afirmado que son combatientes legales», precisa el diario estadounidense.
A lo anterior se añade el asunto diplomático entre Colombia y Venezuela pues no se ha producido un pronunciamiento oficial sobre las razones de la extradición: «La falta de respuesta de los gobiernos venezolano y ruso implica un reto diplomático para el gobierno de Petro» debido a que el presidente colombiano ha tratado de ser neutral en el conflicto entre Rusia y Ucracia, indicó a ‘The New York Times‘ Vladimir Rouvinski, docente de ciencias políticas de la Universidad Icesi.
En otras palabras, se podrían «afectar las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia«, apunta ‘The New York Times’, citando a expertos.
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