En una acción coordinada, trece países han solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) la concesión inmediata de salvoconductos para seis opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas. La declaración fue presentada por el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, y recibió el respaldo de Argentina, Estados Unidos, Chile, y otros diez países de la región.
El Representante Permanente de Paraguay ante la @OEA_oficial, Raúl Florentín, leyó la declaración conjunta en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Paraguay sobre la… pic.twitter.com/GKyNA9o2mv
— OEA (@OEA_oficial) December 11, 2024
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, instó a la organización a actuar «con firmeza y determinación» en la defensa de los derechos de estos asilados, quienes buscan salir de Venezuela sin temor a una posible detención.
El comunicado enfatiza la importancia de garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el derecho de asilo diplomático, principios fundamentales consagrados en tratados interamericanos. Los países firmantes han exigido que el gobierno venezolano permita la salida segura y digna de estos ciudadanos.
Desde agosto, la embajada argentina ha estado bajo la protección de Brasil, tras la expulsión de los diplomáticos argentinos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre, alegando la planificación de actos terroristas por parte de los asilados.
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Pedro Urruchurtu, uno de los opositores asilados, ha denunciado un aumento en el «asedio policial» en las afueras de la embajada, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de ellos y su situación en el país.
Brasil, aunque no se ha sumado a la declaración, ha indicado que su ministro de Relaciones Exteriores está trabajando para facilitar la concesión de los salvoconductos, señalando que cualquier incumplimiento de las normativas de la Convención de Viena implicaría serias violaciones al derecho internacional.
Esta situación resalta la creciente tensión en Venezuela y la necesidad urgente de protección para los defensores de derechos humanos y opositores políticos en el país.
Con información de EFE
