El gobierno de Venezuela manifestó su rechazo ante la orden de captura internacional emitida por el juez argentino Ariel Lijo contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario María Zambrana Murillo, por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado oficial, la administración de Nicolás Maduro calificó la orden de «ilegal e ilegítima», argumentando que se trata de una «clara operación de ‘lawfare’ diseñada para agredir a un gobierno legítimo y soberano». El comunicado sostiene que esta acción se basa en «falsedades» promovidas por agentes alineados con el hegemonismo occidental y sectores opositores antisandinistas.
Venezuela enfatizó que el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos viola los principios de soberanía y no injerencia consagrados en el derecho internacional. La causa contra Ortega y Murillo se abrió en 2022 tras una denuncia presentada por el abogado argentino Darío Richarte, quien acusó a los líderes nicaragüenses de implementar un «plan sistemático y generalizado de violenta represión» contra la población civil desde 2018.
Esta situación generó un debate sobre las acciones judiciales internacionales y su impacto en la política regional, mientras Venezuela reafirma su apoyo a Ortega y Murillo ante lo que considera un ataque a la soberanía de los Estados.
