-La activista venezolana Rocío San Miguel ha cumplido dos semanas detenida injustamente, sin haber podido conversar con sus abogados, ni designar oficialmente a su equipo de defensa ante la justicia, según denunció la organización no gubernamental Provea.
A pesar de los intentos de sus abogados por acceder al expediente de la causa y conversar con ella en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), estos planes no se han concretado.
La activista, supuestamente es acusada de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación». Actualmente, se encuentra recluida en los calabozos del Sebin del Distrito Capital, Caracas.
San Miguel es reconocida por su labor como directora de la ONG Control Ciudadano y se dedicaba al seguimiento de la actividad militar en Venezuela. Por ello, se menciona que es acusada de «estar vinculada a una conspiración que incluía un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro»
El fiscal general, Tarek William Saab, mencionó hace una semana que San Miguel habría entregado información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a representantes de otros países.
Sin embargo, más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela han rechazado su detención arbitraria, ocurrida en el aeropuerto internacional de Maiquetía mientras se disponía a viajar en compañía de su hija.
Sin duda alguna, la situación de Rocío San Miguel ha generado preocupación dentro y fuera del país. Haciendo que muchos exijan el respeto a sus derechos humanos y la garantía de un proceso legal justo. La falta de acceso a sus abogados y la ausencia de comunicación con su defensa plantean interrogantes sobre el debido proceso y la transparencia en su caso.
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