El Panel de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó, desde el Salón de las Américas en Washington, D.C., un informe contundente titulado “De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela”. En un acto transmitido en vivo y dirigido a representantes diplomáticos, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, académicos, víctimas y diversos actores de la sociedad civil, el Panel denunció sin reservas una nueva era de represión sistemática en Venezuela.
El informe, último con Luis Almagro como Secretario General de la OEA, sustentado en una rigurosa metodología de análisis jurídico y en la documentación minuciosa de numerosos casos, expone la escalada de violencia y represión política iniciada en octubre de 2023, en el marco de las elecciones presidenciales de 2024. Con más de una década de protestas que se remontan a 2014, el escenario postelectoral de julio de 2024 emergió no como un simple aumento de abusos, sino como el punto de quiebre que transformó violaciones aisladas en una estrategia coordinada y brutal para afianzar el poder mediante el terror, la intimidación y la desaparición.
“Lo que estamos viendo no son abusos aislados, es el despliegue de una auténtica arquitectura estatal diseñada con precisión para erradicar cualquier forma de resistencia,” declaró Santiago Cantón, presidente del Panel. “El régimen ha perfeccionado sus herramientas de represión: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual se han convertido en instrumentos de un sistema autoritario que opera con total impunidad.”
Entre los hallazgos más impactantes del informe destacan:
- Desapariciones forzadas: Al menos 27 personas han sido objeto de desaparición a manos de agentes estatales en el periodo posterior a las elecciones de 2024.
- Detenciones arbitrarias: Se documenta el arresto masivo de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, empleados públicos y miembros de la oposición, sin que se respeten las garantías judiciales.
- Uso sistemático de la violencia: La tortura y la violencia sexual continúan siendo empleadas como mecanismos de castigo e intimidación, en paralelo con 28 asesinatos de manifestantes desarmados durante las protestas postelectorales.
- Evolución represiva: La incorporación de prácticas contemporáneas de vigilancia tecnológica y criminalización judicial evidencia una transformación deliberada y coordinada del aparato represivo estatal.
Frente a este panorama, el Panel de Expertos hace un llamado urgente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue estos hechos y formule los cargos correspondientes cuándo se reúnan los elementos jurídicos necesarios.
Asimismo, se insta a los Estados parte del Estatuto de Roma y a la comunidad internacional en su conjunto a fortalecer la rendición de cuentas, proteger efectivamente a las víctimas y robustecer los mecanismos multilaterales de monitoreo y denuncia.
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