Una grave estallido institucional sacude al estado Táchira esta semana tras conocerse las valientes denuncias de funcionarios activos de la policía regional, quienes revelaron la existencia de una presunta maquinaria de corrupción y extorsión sistemática que opera bajo la administración del gobernador Freddy Bernal.
Según los testimonios, los mandos superiores exigen a los jefes policiales cuotas de hasta 6.000 dólares, mientras que los patrulleros son presionados a conseguir entre 200 y 400 dólares semanales, creando una destructiva cadena de recaudación forzada cuyo costo termina saliendo directamente del bolsillo de los ciudadanos a través del matraqueo en las calles.
Las revelaciones también exponen las precarias e indignantes condiciones bajo las cuales prestan servicio los efectivos en la entidad, careciendo por completo de seguro médico y siendo obligados a costear de sus propios recursos el combustible, los uniformes, la alimentación y los pertrechos básicos de trabajo, además de descontárseles un seguro funerario obligatorio de 60 dólares.
Esta estructura de desfalco pone al descubierto que el aparato de seguridad no está orientado a la protección ciudadana, sino a alimentar un entramado de enriquecimiento ilícito a expensas del atropello constante contra el pueblo venezolano.
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