En un escenario mundial caracterizado por el incremento de las tensiones geopolíticas y la prioridad de fortalecer la seguridad nacional, el Gobierno de Estados Unidos ha endurecido los controles en el proceso de solicitud de visas y permisos de residencia.
Entre las acciones más polémicas se encuentra la decisión de revisar la actividad en redes sociales de los solicitantes de visas, especialmente estudiantes extranjeros y quienes aspiran a obtener la residencia permanente. Esta política, avalada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca identificar posibles indicios de conductas extremistas o actividades antisemitas, lo que podría ser considerado un “factor desfavorable” por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Adicionalmente, en abril de 2025, el juez federal Trevor Neil McFadden autorizó la creación de un registro federal obligatorio para inmigrantes indocumentados. La medida, impulsada por la administración Trump, exige que todos los no ciudadanos que lleven más de 30 días en el país, así como los mayores de 14 años sin estatus legal, se registren proporcionando datos biométricos y porten constancia de dicho registro. Quienes incumplan enfrentarán multas de hasta 5.000 dólares o penas de cárcel de hasta seis meses.
La administración también ha pausado el trámite de residencia para refugiados y asilados, citando posibles fraudes en las solicitudes, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Por otro lado, se anunció la propuesta de una «tarjeta dorada», una visa premium destinada a extranjeros con alto poder adquisitivo. Por un costo de 5 millones de dólares, esta visa permitiría vivir y trabajar legalmente en EE. UU., con beneficios similares a los de una Green Card e incluso posibles ventajas fiscales.
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