La organización no gubernamental Espacio Público denunció un marcado aumento en las detenciones arbitrarias relacionadas con la libertad de expresión en Venezuela durante 2024. En su informe anual, publicado este viernes, la ONG documentó 99 casos de personas detenidas por manifestar opiniones, lo que representa un alarmante incremento del 254 % en comparación con los 28 casos registrados en 2023.
Según el reporte, del total de detenciones, 71 correspondieron a ciudadanos particulares, mientras que 24 fueron periodistas y trabajadores de medios de comunicación. El resto de los afectados se desempeñaban como miembros de organizaciones no gubernamentales y empleados públicos. Además, al menos 28 arrestos estuvieron vinculados al uso de redes sociales o internet, y 36 personas fueron acusadas de «instigación al odio».
Espacio Público advierte que estas acciones forman parte de una estrategia sistemática del Estado venezolano para restringir la libertad de expresión, especialmente intensificada durante el proceso electoral presidencial del 28 de julio, en el que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, declaró como ganador a Nicolás Maduro. La ONG señaló que estas elecciones representaron un retroceso en materia de derechos humanos, al registrar un aumento en los casos de persecución, amenazas, allanamientos y detenciones de opositores, activistas y periodistas.
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El informe también resalta la aprobación, en agosto de 2024, de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, la cual, según Espacio Público, ilegaliza de facto a las organizaciones civiles, vulnerando el derecho a la asociación y debilitando aún más el espacio democrático.
En los primeros tres meses de 2025 se contabilizaron 93 violaciones a la libertad de expresión, una ligera disminución respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la ONG considera que el entorno sigue siendo profundamente restrictivo. Un caso emblemático fue la detención de su director, Carlos Correa, quien estuvo privado de libertad durante nueve días en enero, presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, en un hecho ampliamente rechazado por organizaciones y actores políticos.
Con información de EFE
