Marggie Xiomara Orozco Tapias, médica de 65 años, fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, por enviar un mensaje de audio a vecinos de San Juan de Colón, estado Táchira, en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica del país.
El mensaje, considerado por el gobierno como un acto de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, llegó a manos de simpatizantes oficiales que denunciaron a la doctora ante la Fiscalía. Orozco fue arrestada ocho días después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, pese a que no cometió actos de violencia ni instó a la intervención extranjera.
Su hijo, Paul Ruiz, aseguró que el audio era “subido de tono” pero no constituía delito, y relató que la jueza Luz Dary Moreno Acosta rechazó incluso la solicitud de juicio en libertad condicional, alegando “peligro de fuga” y posible influencia sobre testigos.
El caso refleja un patrón de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión en redes sociales en Venezuela, un derecho que las autoridades califican de “no absoluto”.
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