El régimen de Nicolás Maduro expresó su rechazo el 16 de marzo a la decisión de la Casa de América en Madrid de suspender la proyección de tres películas en un ciclo de cine promovido por la embajada venezolana en España.
Esta medida, resultado de las críticas de autoridades madrileñas, activistas y opositores venezolanos, fue calificada por el chavismo como un acto de «censura».
Ernesto Villegas, ministro de Cultura del régimen, comunicó a través de Telegram que se había puesto en contacto con la embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez, quien le confirmó la suspensión del ciclo titulado “Cine y memoria: la voz del pueblo y la lucha por la soberanía”.
Las películas programadas eran “Operación Orión” (2018), “Alí Primera” (2024) y “La batalla de los puentes” (2020), cuyos directores ya se encontraban en Madrid para participar en el evento y foros relacionados.
Villegas acusó a las autoridades españolas de ceder ante las presiones de la derecha y criticó a Isabel Díaz Ayuso, jefa del gobierno madrileño, por su vinculación con sectores de la derecha venezolana en España. Sin embargo, la decisión de la Casa de América provocó una reacción opuesta, ya que diversas organizaciones y sindicatos en España se ofrecieron para organizar proyecciones alternativas.
León de la Torre, director de Casa América, había señalado previamente que la entidad cede su espacio a embajadas, y que ha proyectado obras críticas con el régimen de Maduro en el pasado. A pesar de las preocupaciones generadas por el ciclo de cine entre la comunidad venezolana en Madrid, la Casa ha mantenido un compromiso con la diversidad de voces y perspectivas.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, gobernado por el Partido Popular, expresó su «protesta enérgica» por la proyección de las películas, calificando la situación como «inaceptable».
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, también hizo llegar una carta al director de Casa América, denunciando que dicha institución no debería servir como plataforma para la difusión de lo que consideró «propaganda de un régimen dictatorial». Organizaciones defensoras de derechos humanos se manifestaron en contra del ciclo y pidieron su reconsideración
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