Este sábado 1 de febrero, el abogado y experto en derecho económico, José Ignacio Hernández, anunció a través de su cuenta en X la automática extensión de la licencia general 41, que otorga a Chevron la posibilidad de continuar operando en Venezuela por seis meses más.
Según Hernández, Chevron representa aproximadamente el 25% de la producción petrolera de Venezuela, lo que resalta su importancia en un panorama donde la economía nacional depende en gran medida de los ingresos derivados del petróleo.
Sin embargo, el abogado también hizo hincapié en las preocupaciones legales y éticas que rodean esta operación.
Hernández criticó la base legal que regula las actividades de Chevron en el país, señalando que los contratos están bajo la Ley Antibloqueo de 2020, la cual, según su evaluación, «no salvaguarda derechos de propiedad ni promueve la transparencia».
Esta situación plantea serias dudas sobre la protección de los intereses de las empresas que operan bajo esta normativa y la claridad de las transacciones en el sector petrolero.
La Ley Antibloqueo, implementada en 2020 por el régimen de Nicolás Maduro, fue diseñada con el objetivo de atraer inversión extranjera al ofrecer protecciones contra las sanciones impuestas.
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