Dieciocho estados de Estados Unidos han interpuesto un recurso legal este 7 de marzo con el objetivo de frenar la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en el país. Esta acción fue liderada por los fiscales generales de estos estados, quienes argumentan que la revocación del TPS es ilegal y discriminatoria.
El abogado internacional Leopoldo Martínez Nucete confirmó que los estados involucrados en esta iniciativa incluyen a California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. La documentación fue presentada en una corte federal en California, donde se está llevando a cabo el juicio sobre la revocación del TPS.
La demanda principal fue impulsada el 20 de febrero por la Alianza Nacional TPS y otras organizaciones de defensa de migrantes, que alegan que la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de anular una extensión del TPS fue tomada de manera apresurada y sin justificación, solo tres días después de asumir su cargo.
El DHS notificó el 5 de febrero que el TPS, que protege a cientos de miles de venezolanos de la deportación, expirará oficialmente el 7 de abril de 2025, afectando a 384,202 venezolanos que obtuvieron el estatus en 2023. Aquellos que lo recibieron en 2021 mantendrán su protección hasta el 10 de septiembre.
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Además de la acción en California, una segunda demanda fue presentada el 3 de marzo en el tribunal federal de distrito de Boston, buscando bloquear la revocación del TPS tanto para venezolanos como para haitianos. La abogada principal de Lawyers for Civil Rights, Mirian Albert, afirmó que la decisión de revocar el TPS carece de fundamentos legales y se basa en prejuicios raciales.
El TPS para venezolanos se otorgó por primera vez bajo la administración de Joe Biden y se extendió debido a la crisis humanitaria en Venezuela. La posible revocación del estatus legal de aproximadamente 600,000 ciudadanos venezolanos en EE.UU. plantea serias preocupaciones sobre su derecho a residir y trabajar en el país.
Con información de Versión Final
