El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone una situación alarmante respecto a las personas privadas de libertad en Venezuela, destacándola como una de las peores de la región. La falta de estadísticas oficiales actualizadas, la existencia de dos sistemas penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva son solo algunos de los problemas documentados.
«Se han denunciado condiciones de detención deplorables, así como actos de tortura y malos tratos. Esta situación ha aumentado los riesgos para las personas LGBTI y aquellas detenidas por motivos políticos (…) especialmente tras el completo deterioro del Estado de Derecho y la persecución por parte del Estado», expone el informe de la CIDH, donde además aseguran que la dualidad del sistema penitenciario venezolano es un desafío importante.
Mientras que el sistema oficial alojaba en 2022 a 33.558 personas en 45 cárceles a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, existe otro sistema paralelo de aproximadamente 500 calabozos de detención preventiva, donde para marzo de 2022 había alrededor de 35.000 personas en condiciones inhumanas y por períodos prolongados, a veces superiores a los 10 años. En el informe se resalta que la CIDH no logró acceder a información sobre la población detenida en 2023.
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En otro orden de ideas, el hacinamiento es una de las principales preocupaciones, con tasas que superan el 200% en varios centros penitenciarios. En ese sentido, la CIDH enfatizó que el hacinamiento en sí mismo puede constituir un trato cruel e inhumano, violando el derecho a la integridad personal y urgió al Estado venezolano a tomar medidas urgentes para reducir el hacinamiento.
«Los elevados niveles de hacinamiento tienen como una de las causas el excesivo empleo de la medida cautelar de prisión preventiva observada en el país. De acuerdo con la sociedad civil, del total de las 33.558 personas detenidas en centros penitenciarios, 17.825 se encontraron sujetas a prisión preventiva. Estas cifras indicaron la aplicación de esta medida a una tasa del 53%», reseña el capítulo IV.B del informe anual de la CIDH.
Usando como referencia la información enviada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) al sistema interamericano y universal de derechos humanos, el informe de la CIDH reseñó que, en 2023, las condiciones carcelarias de las mujeres en Venezuela presentaron problemáticas significativas.
«De las 2.560 mujeres privadas de libertad en el país, 82 son extranjeras, y se encuentran recluidas en espacios calificados como ‘improvisados’, con carencia de un enfoque de género adecuado. En su mayoría, las instalaciones destinadas para mujeres son anexos dentro de prisiones de hombres, lo que limita el bienestar y las necesidades específicas de las mujeres en reclusión. El hacinamiento crítico, alcanzando el 187,14 %, es una de las graves problemáticas, junto con la falta de asistencia médica, especialmente para las mujeres con hijos, y la ausencia de espacios adecuados para la maternidad dentro de las penitenciarias».
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
