La Procuraduría General de Colombia ha iniciado un proceso de investigación para determinar posibles omisiones en el control de una institución educativa, en relación con un caso de presunto abuso sexual que involucra a al menos 22 menores en un colegio privado en el sur de Bogotá.
Las denuncias surgieron en abril, cuando los padres de familia comenzaron a inquietarse tras la suspensión de clases el 6 de abril, que la institución atribuyó a “un asunto legal”. Posteriormente, se reveló que este asunto estaba relacionado con acusación de abuso sexual contra un docente de ética y valores, quien supuestamente habría realizado tocamientos indebidos a los estudiantes mientras revisaba sus cuadernos en clase.
La situación se complicó cuando los padres, alarmados por las noticias, decidieron preguntar a sus hijos si también habían resultado víctimas. Varios de ellos confirmaron que sí, lo que llevó a la presentación de denuncias ante la Fiscalía, el Instituto de Bienestar Familiar y la Secretaría de Educación, que anunciaron medidas de inspección en el colegio.
Con el objetivo de proteger los derechos de los menores, la Procuraduría ha activado su delegación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, iniciando una investigación que busca no solo sancionar a los responsables, sino también evaluar la respuesta institucional y el deber de supervisión de las entidades del Distrito sobre el establecimiento educativo.
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