Organizaciones ecologistas y ambientalistas del municipio Maracaibo denunciaron que la recién aprobada ordenanza municipal para la protección animal incurre en inconstitucionalidad y usurpación de funciones al pretender cobrar tributos por el traslado de fauna silvestre.
Herwin Godoy, secretario de la Brigada Civil de Protección Animal del Zulia, advirtió que la norma exige el pago de un impuesto municipal a cualquier persona o rescatista que movilice especies silvestres, lo cual viola el marco legal venezolano ya que la gestión de fauna es competencia exclusiva del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec).
Por su parte, José Sandoval, presidente de Mapache Ecoaventura, calificó la medida de «burocrática e inaplicable» para las labores de emergencia, afirmando que no acatará una regulación que traba los rescates e ignora la inmediatez necesaria para salvar especies en peligro en la región.
