La ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida, ha generado controversia al aprobar por unanimidad un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitirá a su policía local colaborar en la aplicación de leyes migratorias. Esta decisión se enmarca en el programa federal 287(g), que faculta a las autoridades locales a actuar como agentes migratorios bajo supervisión de ICE.
Doral, conocida por albergar la mayor comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, con aproximadamente 27,000 residentes de ese país, ha sido apodada «Doralzuela». La medida ha generado preocupación entre los residentes, especialmente aquellos con estatus migratorio vulnerable, quienes temen un aumento en las detenciones y deportaciones.
Durante la sesión del concejo municipal, algunos funcionarios expresaron que la aprobación del acuerdo se realizó bajo presión de leyes estatales que obligan a las ciudades a colaborar con ICE, bajo amenaza de sanciones. El fiscal municipal, Lorenzo Cobiella, manifestó que, aunque comprende el sufrimiento de la comunidad inmigrante, estaban legalmente obligados a cumplir con estas disposiciones.
Diario AS
La implementación de este acuerdo ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios, quienes argumentan que podría fomentar la discriminación y erosionar la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, calificó la acción como una «traición» a la confianza depositada en las autoridades locales.
Con esta decisión, Doral se suma a otras 97 agencias policiales en Florida que han firmado acuerdos similares con ICE, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias a nivel estatal y federal.
