El gobierno de España señaló su intención de tomar medidas si los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos al petróleo venezolano afectan negativamente a los sectores productivos del país. Esta advertencia surge tras el anuncio de un arancel secundario del 25% que busca impactar a naciones que compren crudo o gas de Venezuela, poniendo en la mira a países con vínculos energéticos con Caracas, como España.
En 2023, Venezuela se posicionó como el octavo mayor proveedor de petróleo para España, representando el 4,7% del total de crudo importado. Aunque esta cifra no es dominante, cualquier restricción en el comercio de hidrocarburos podría comprometer la operatividad de las refinerías y el abastecimiento en el país.
Uno de los actores clave en esta relación es la multinacional española Repsol, que mantiene acuerdos con la estatal Petróleos de Venezuela para la explotación de campos petroleros. Sin embargo, las nuevas sanciones estadounidenses podrían limitar la capacidad de Repsol para operar en Venezuela y cobrar parte de la deuda pendiente de Pdvsa.
El gobierno español ha enfatizado que, si las medidas de EE. UU. perjudican a su economía, se tomará una «respuesta contundente», tanto a nivel nacional como en coordinación con la Unión Europea. Bruselas ya ha expresado preocupación por las sanciones extraterritoriales de Washington y está considerando posibles respuestas para proteger a las empresas europeas afectadas.
Con la creciente incertidumbre en el mercado energético, España y la UE se preparan para actuar en defensa de sus intereses económicos frente a las nuevas medidas de EE. UU.
Con información de El Nacional
