La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) advirtió formalmente que toda persona que ejecute actos de robo, saqueo, desvío o comercialización ilícita de alimentos e insumos destinados a la asistencia humanitaria será investigada penalmente y puesta de forma inmediata a la orden de las autoridades judiciales competentes.
La notificación institucional, difundida a través de las cuentas oficiales del organismo de seguridad, enfatizó que aprovecharse de la actual contingencia nacional para obtener beneficios particulares constituye una infracción grave que acarrea sanciones penales de 4 a 8 años de privación de libertad.
El pronunciamiento del cuerpo de contrainteligencia se fundamenta de forma estricta en la aplicación del artículo 453 del Código Penal venezolano, marco legal que tipifica y agrava los delitos contra la propiedad cuando estos se cometen valiéndose de una situación de calamidad pública o desastre natural.
El recordatorio legal se hizo público tras la detección de presuntas irregularidades y desvíos de suministros cometidos por funcionarios policiales desplegados en el estado La Guaira, quienes cumplían labores de apoyo técnico y rescate en los cuadrantes residenciales afectados por los recientes terremotos.
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