Tras nueve años de espera, el Gobierno venezolano finalmente aprobó el Reglamento de Brigadas Mineras, una normativa que, lejos de establecer controles eficaces, ha sido criticada por profundizar el secretismo en torno a la actividad aurífera. La decisión coincide con un contexto internacional marcado por un repunte histórico del oro, que alcanzó los 3.333,29 dólares por onza el pasado 16 de abril, con un alza de más del 25 % en lo que va del año.
El nuevo reglamento, aprobado por el Ejecutivo, no exige criterios de transparencia sobre la conformación de las brigadas, sus niveles de producción ni la obtención de licencias ambientales. Analistas y organizaciones ambientalistas advierten que este marco legal consolida un modelo extractivista sin control que pone en riesgo los recursos naturales del país y deja a la población sin beneficios tangibles derivados de la minería.
Mientras el oro se afianza como refugio global ante la volatilidad económica, Venezuela permanece rezagada en su capacidad de aprovechar este auge. A pesar de la bonanza del metal, los ingresos derivados de la actividad minera no se traducen en mejoras en servicios públicos, infraestructura o salarios, y siguen sin reflejarse en las condiciones de vida de los ciudadanos.
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En opinión de expertos, esta normativa legaliza prácticas opacas cuestionadas por su vínculo con redes de corrupción y daños irreversibles al medio ambiente. La falta de rendición de cuentas y el debilitamiento institucional convierten al sector aurífero en un espacio fértil para intereses particulares, mientras la nación pierde una oportunidad clave de desarrollo económico sostenible.
La aprobación del reglamento ha generado reacciones de preocupación en sectores académicos y sociales, quienes insisten en que el país necesita políticas mineras con enfoque ambiental, transparencia y responsabilidad social, especialmente en un momento en que el oro podría representar una salida estratégica ante la crisis económica.
