El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó (el 3 de mayo de 2024) su tercer informe en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el evento estuvieron presentes los miembros del Panel, Santiago Cantón, Manuel Ventura, Joanna Frivet e Irwin Cotler (este último en forma virtual) acompañados del Secretario General de la OEA, Luis Almagro y del Secretario del Panel, Rodrigo Diamanti.
En las palabras de apertura Rodrigo Diamanti agradeció a las víctimas que se encontraban, a los representantes y a todas aquellas que dieron su testimonio.
Luego de reconocer el papel del Panel y de Rodrigo Diamanti como Secretario del Panel para dar seguimiento a la situación de Venezuela, el Secretario General, Luis Almagro, aseguró que el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela es la tarea “más difícil” que se debe realizar desde la Secretaría General de la OEA. Esto, según el ex canciller uruguayo, se debe a que “cada víctima o cada familiar de víctima tiene el potencial de drenar toda mi emotividad y toda mi racionalidad […] ya que es imposible que como profesionales haciendo nuestro trabajo no sintamos. Y es muy importante sentir, porque esa empatía genera efectos dinamizadores mucho más fuertes, mucho más potentes en lo que debemos transmitir y en lo que debemos hacer”.
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“Nos queda mucho trabajo por hacer” ya que este es un momento de “alta represión en Venezuela, donde siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura”, reflexionó Almagro.
Y concluyó que “un país sin justicia es un país fracasado. Venezuela es un país que necesita democracia, que necesita, fundamentalmente, memoria, verdad y justicia y necesita detener los crímenes de lesa humanidad para que podamos decir que nunca más se repitan”.
A continuación, Santiago Cantón, Presidente del Panel, agradeció la voluntad política de Almagro para sostener la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Y destacó la importancia y el punto de inflexión que significó el informe presentado por el Panel en 2018, ya que hasta ese momento se hablaba de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, pero no de crímenes de lesa humanidad que se cometen en ese Estado.
Cantón también destacó el papel que desempeñan las víctimas, reconociendo que muchas veces estas son el “único motor en la lucha por los derechos humanos”. Y relató que las víctimas están desde el primer día, 24 horas al día trabajando en la defensa de los derechos humanos, sin abandonar su trabajo, inclusive si llegan a conseguir justicia.
El Presidente del Panel informó que “el objetivo del informe fue demostrar que dentro de la justicia penal venezolana no se está avanzando para encontrar a los responsables de los principales crímenes de lesa humanidad”. Explicó que el Panel investigó qué estaba haciendo la Justicia venezolana en relación a los crímenes de lesa humanidad más representativos, si esta los estaba investigando y si había personas detenidas.
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Asimismo, el informe advierte sobre la continuidad y el agravamiento de la persecución política a los líderes de la oposición política en Venezuela y destacó que, ante la ausencia de investigaciones a nivel interno, solamente queda a la Corte Penal Internacional como única esperanza para miles o cientos de miles de víctimas.
Finalmente, destacó la multiplicidad de informes de diferentes organismos internacionales de protección de derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que denuncian en idénticos términos los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2014 en Venezuela.
Joanna Frivet fue la encargada de presentar en detalles los hallazgos del informe. En su presentación, la integrante del Panel comenzó destacando que, a pesar de que el Estado de Venezuela le ha estado diciendo al mundo y a la Corte Penal Internacional que ha estado llevando adelante investigaciones de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron de desde 2014, el Panel concluyó de una muestra representativa de 183 casos que no existe ninguna investigación o acusación de ningún perpetrador de nivel medio y alto. Esto, según la experta, implica que estos perpetradores continúan en sus puestos con la posibilidad de continuar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
No hay investigación
Los otros patrones que el Panel identificó, según Frivet, es que no ha habido ningún tipo de investigación e imputación sobre los casos de violencia sexual como crimen autónomo y sobre los crímenes de persecución y detenciones arbitrarias. Asimismo, explicó que, de los crímenes que han sido investigados, sólo el 6% de los procesos terminó en condenas; y que la mayoría de esas condenas son de 2017 en adelante, dejando a los de 2014 sin ningún tipo de justicia. Y que el 52.6% de los casos estudiados no se había iniciado ningún tipo de investigación.
Explicó que, en estos casos, “cuando se investiga un crimen, no se puede investigar este crimen en forma aislada: se debe buscar un patrón. Y eso es lo que crea esta noción de crímenes de lesa humanidad. El nivel de gravedad del que estamos hablando es diferente, la intención es diferente, la escala es diferente, las órdenes y la capacidad de los perpetradores de cometer esos crímenes son diferentes. Y lo que vimos en los casos en los que ha habido investigaciones, es que los casos han sido considerados en forma aislada, sin tener en cuenta la gravedad, sin tener en cuenta el número de perpetradores y la naturaleza sistemática en la que el Estado está involucrado, permitiendo que estos crímenes ocurran. Y esto es un problema porque las condenas resultantes fallan en reflejar la gravedad”.
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Y concluyó que, teniendo en cuenta que el 83.6% de los casos de tortura analizados por el Panel no se había iniciado ningún tipo de investigación, y considerando el número de personas arbitrariamente privadas de libertad en Venezuela, el Estado tiene luz verde para seguir torturando, toda vez que los perpetradores saben que no habrá consecuencia por sus crímenes.
Por su parte, Irwin Cotler destacó que el patrón continuo de crímenes de lesa humanidad se encuentra anclado en una cultura de corrupción e impunidad, que no sólo no condena a los perpetradores, sino que incentiva la comisión de nuevos crímenes de lesa humanidad.
Olga González, esposa de Leonardo González, un manifestante asesinado en el marco de las protestas de 2017, expresó que “obtener justicia en Venezuela no es fácil”. González relató que desde el día del asesinato de su esposo ella decidió que tenía que trabajar para que cada una de las diligencias de las investigaciones respetaran el debido proceso. Y que las condenas que obtuvo en primera instancia, las obtuvo porque durante 1500 días no ha parado de ir a los tribunales, asistiendo a más de 100 audiencias en 7 años: “no he parado un solo día, no me he enfermado, no me ha dado ni siquiera una gripe”, declaró.
Sostuvo que el camino de la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas es uno “que te acaba mucho emocionalmente, psicológicamente”. En su caso, contó, han pasado 7 años de la muerte de su esposo y el dolor sigue intacto. Relató que el tener que ver que los asesinos de su esposo continúan en libertad provoca que “el cuerpo te empiece a hablar: que te den náuseas y empiezas a sudar mucho, y tienes pesadillas y no duermes cada vez que sabes que al día siguiente tienes que ir a los tribunales. Es muy duro”.
