Durante años, la bolsa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fue un apoyo clave para millones de familias venezolanas. Sin embargo, su disminución o ausencia ha dejado a muchos hogares sin ese respaldo en medio de una compleja situación económica.
En un país donde el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde 2022, el acceso a los alimentos se ha vuelto cada vez más difícil.
Ante esta realidad, numerosas familias se han visto obligadas a reducir porciones, endeudarse en bodegas o incluso recurrir a la siembra para subsistir.
Testimonios recogidos en estados como Zulia, Miranda, Bolívar, Anzoátegui y Caracas reflejan la preocupación de los ciudadanos, quienes insisten en la necesidad de contar con un salario digno que permita cubrir la canasta alimentaria y enfrentar el alza constante de los precios.
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