El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este sábado la constitucionalidad del decreto de estado de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro, tras su cuestionada reelección y en respuesta a las recientes sanciones arancelarias impuestas por Estados Unidos.
La medida, que tendrá una duración inicial de 60 días y podrá ser prorrogada, busca hacer frente a lo que el Gobierno califica como una “guerra comercial sin precedentes”.
Por lo tanto, la decisión fue emitida por la Sala Constitucional del máximo tribunal, y anunciada a través de las redes sociales del TSJ.
La sentencia también ordena su publicación en la Gaceta Oficial, Gaceta Judicial y en la página web del tribunal, como parte del procedimiento legal.
El decreto fue previamente aprobado por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y otorga a Maduro facultades especiales para dictar regulaciones económicas excepcionales. Entre estas medidas se encuentran la suspensión de tributos, la adopción de mecanismos contra la evasión fiscal y la promoción de la inversión nacional y extranjera, todo con el objetivo de proteger la economía y asegurar el acceso a servicios esenciales.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta como una acción preventiva ante el escenario internacional, al que calificó de incierto y desafiante. Señaló que Estados Unidos busca dominar el mercado global, pero advirtió que esa política “está destinada al fracaso”.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, rechazó el decreto, argumentando que solo busca concentrar aún más poder en manos del Ejecutivo. La alianza opositora advirtió sobre el riesgo de que se cometan abusos bajo el amparo de medidas discrecionales y excepcionales.
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