La comunidad venezolana en Miami enfrenta un clima de incertidumbre tras la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin a dos programas federales que permitieron a más de 700.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta situación afecta especialmente a residentes en Doral, una ciudad conocida como la «Pequeña Venezuela», donde el español predomina en los comercios y calles.
Desde febrero, el gobierno ha eliminado programas que, junto con el Estatus de Protección Temporal (TPS), ofrecen una vía de legalidad a muchos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Aunque un juez federal ha ordenado que el TPS continúe hasta la siguiente etapa del proceso judicial, la preocupación persiste, ya que el permiso humanitario que benefició a más de 500.000 migrantes expirará el 24 de abril, a menos que se logre una intervención judicial.
El temor a la deportación aumenta, ya que muchos en la comunidad no pueden regresar a Venezuela debido a la crisis política y económica que enfrenta el país. La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha solicitado al presidente Trump que encuentre un camino legal para los venezolanos sin antecedentes penales, argumentando que estas familias buscan oportunidades para trabajar y contribuir a la economía estadounidense.
A medida que la situación se complica, la comunidad venezolana, compuesta por profesionales y empresarios, se encuentra en una encrucijada, buscando mantener su estatus legal en un entorno cada vez más hostil hacia los inmigrantes.
Con información de El Nacional
