La política migratoria colombiana ha dado un giro bajo la administración de Gustavo Petro, limitando las opciones de regularización para los venezolanos que residen o han llegado recientemente al país.
Según reveló la revista Semana, el Gobierno dejó vencer los permisos especiales de permanencia y el Estatuto Temporal de Protección, mecanismos claves implementados en gestiones anteriores para facilitar la estancia legal de esta población.
En su lugar, la única vía vigente es una visa especial para visitantes venezolanos, cuya aprobación es altamente restrictiva. Solo el 11,6 % de las solicitudes han sido aceptadas desde que la medida entró en vigencia en diciembre de 2024, según datos obtenidos mediante un derecho de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta situación ha obligado a miles de migrantes a permanecer en Colombia sin estatus legal, con consecuencias negativas en el acceso a derechos fundamentales y oportunidades laborales.
El abogado César González, de la ONG Plan País, estima que entre 1,2 y 1,5 millones de venezolanos están en condición irregular, fuera del sistema de registro.
Además, los requisitos exigidos por la Cancillería, como documentos apostillados, comprobantes de ingresos y títulos académicos, se han vuelto obstáculos difíciles de superar para los solicitantes.
Aunque el Gobierno creó en 2024 el Permiso Especial de Permanencia para representantes legales de menores (PEP-Tutor), este aún no está en funcionamiento.
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